Glovo continúa teniendo problemas con la Inspección Trabajo debido a las irregularidades en la contratación de sus repartidores, además de por continuar empleando a falsos autónomos y al menos en el caso de Madrid, por haber empleado a trabajadores que no tenían regularizada su situación laboral en España. Sólo por ese concepto, que afectaría a 813 trabajadores, la sanción asciende a 5,2 millones de euros.
En concreto la Inspección de Trabajo exige a Glovo el pago de 38 millones de euros por estas irregularidades, además de otros 19 millones de euros más en concepto de cuotas no satisfechas a la Seguridad Social. En su conjunto se trataría de las sanciones correspondientes a incumplimientos de la normativa existente previa a la vigente en la actualidad, la denominada “Ley Rider” que entró en vigor en el mes de agosto de 2021 y que regula el sector de los repartos a domicilio.
Glovo ha recalcado esta circunstancia, refiriéndose a que se trata de actuaciones sometidas a un modelo de negocio que ya no pone en práctica en España, anunciando además su voluntad de recurrir la propuesta de sanción.
Con dichas sanciones ya se eleva a más de 205 millones de euros la cantidad total que el Estado exige a Glovo por sanciones (125 millones de euros) y actas de liquidaciones (80 millones de euros). El total de falsos autónomos y trabajadores en situación irregular a los que habría empleado Glovo supera los 37.000.
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