La Comisión de Necesidades Públicas de California requirió en 2014 a Uber para que facilitase información relativa a los conductores de los vehículos que operan con dicha plataforma pero hasta la fecha tal información no ha sido entregada, lo que ha propiciado la apertura de un expediente que impone a Uber una sanción de 7,6 millones de dólares.
El pago de la cantidad se hará efectivo porque de lo contrario supondría la suspensión de la actividad de Uber en California, aunque la compañía ya ha anunciado que más adelante recurrirá esta sanción.
La información requerida por la mencionada comisión se refiere a cuestiones como accesibilidad (cuántos pasajeros solicitaron el servicio y cuántos terminaron recibiéndolo realmente), información de servicio (si se ajustan las condiciones de pago a los puntos donde se recoge y se lleva al cliente) así como a las causas de cada “incidente” que aparezca marcado como tal.
Como siempre, la relatividad de las cuestiones hay que medirla en función de los parámetros subjetivos del caso, de manera que aunque a primera vista parece abultada una multa de 7,6 millones de dólares conviene recordar que Uber está valorada en 60.000 millones de dólares, por lo que no parece que le vaya a “doler” mucho esta multa.
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