Una vez finalizada la subasta de las frecuencias en el entorno de los 700 MHz del espectro radioeléctrico asignadas al 5G comienza la fase de despliegue, aunque ante la complejidad de la tarea ya hay dos actores, Movistar y Orange, que han decidido ponerse de acuerdo para la reorganización de la banda de 3,5 GHz.
Esto se debe a que algunos de los operadores que han concurrido a la subasta del 5G ya poseían derechos previos sobre parte de ese espacio del espectro radioeléctrico, con un único operador (Vodafone) que sí mantiene una unidad en la porción que le ha sido asignada. Esta circunstancia, sumada a que los trámites necesarios para su reorganización por parte del Gobierno no están teniendo toda la celeridad que sería necesaria, han facilitado este acuerdo.
Disponer de la parte de la banda correspondiente sin “interrupciones” por la parte del espectro asignada a otro operador permite mejorar las prestaciones de servicio al facilitar la operativa de los equipos o la mejora de prestaciones, como una mayor velocidad de acceso a Internet.
Según informa Expansión en Telefónica y Orange han acordado reorganizar sus respectivas frecuencias asignadas dado que la primera dispone de 100 MHz en fragmentos de 10, 40 y 50 MHz mientras que la segunda dispone de 110 MHz segmentados en franjas de 10, 40 y 60 MHz. En la práctica esta reordenación supone trasladar a la parte alta de la anda disponible 50 MHz de los asignados a Telefónica, quedando el espacio libre disponible para Orange.
Al mismo tiempo las bandas asignadas a Vodafone y Orange quedan adyacentes, lo que facilita la posibilidad de compartir redes e infraestructuras.
Tras esta reordenación acordada también se facilitaría la labor a las otras dos operadoras, Vodafone y MásMóvil, con el factor añadido de que al tratarse de una solución pactada evitaría posibles recursos en caso de estar disconformes con una reordenación impuesta desde el Gobierno. Esto pudiera dar lugar a recursos que alargarían los trámites y la puesta en marcha del servicio 5G.
Con todo, el acuerdo debe recibir el visto bueno del Gobierno, aunque deberá esperarse a los informes que deben emitir el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, preceptivos aunque no vinculantes.
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