Rosa María García, consejera delegada de Microsoft Ibérica, se ha remitido a una investigación interna para denunciar que el 44 por ciento de los vendedores de Windows distribuyen versiones ilegales del sistema operativo. En lugar de considerarlo como un inconveniente, la compañía entiende que esta situación plantea un reto. Por ello, ha decidido dar un año de formación a los distribuidores de sistemas ilegales para captarlos como clientes.
Rosa María García recordó que a partir de junio los clientes que utilicen un sistema operativo Windows “ilegal” no podrán bajarse el software gratuito de la firma, sólo accesible para los clientes con licencia. Sí tendrán acceso, sin embargo, a las actualizaciones de seguridad. Con ello Microsoft espera reducir las amenazas sobre los usuarios.
En este sentido, García resaltó que una de las preocupaciones de la compañía es la seguridad y recordó algunas acciones llevadas a cabo por Microsoft para demostrarlo: el acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para la cesión del código compartido de Office, las actualizaciones de seguridad semanales para los clientes y el compromiso con la industria para la protección de los menores en Internet fueron alguna de ellas.
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