Madrid prohíbe el uso del móvil en las aulas

El Gobierno de Madrid ha elaborado un borrador de las normas de convivencia que se deben cumplir en los centros escolares de la Comunidad donde, entre otras cosas, se impide a los alumnos el uso teléfonos móviles en clase y se establece la expulsión a quienes graben o difundan agresiones o humillaciones.

Así lo anunció el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que aprobó el borrador de este código de buena conducta , para su conocimiento por el Consejo Escolar y posterior redacción de la norma definitiva . El nuevo código de buenas conductas escolares otorga más autoridad a los profesores y directores de los centros, prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico en clase (incluidos MP3, consolas o vídeo consolas) que pueda distraer la atención y establece como falta más graves, sancionadas con la expulsión, los comportamientos de acoso y violencia o los que atenten contra la integridad y dignidad de las personas.

El borrador establece que cada centro escolar deberá hacer su propio Plan de Convivencia, en el que tendrán que figurar las normas de comportamiento que los alumnos deben respetar obligatoriamente. Las infracciones de las normas que no se deriven de “circunstancias agravantes”, se considerarán faltas leves y podrán ser sancionadas de forma inmediata por cualquier profesor del centro.

Asimismo, se considera falta leve el uso de teléfonos móviles y aparatos eléctricos en clase y se establece que la reiteración de estos comportamientos puede ser castigada con trabajos después de clase o con la suspensión del derecho de asistencia al colegio, por un plazo máximo de seis días.

Las mismas sanciones se impondrán a quienes cometan actos graves de indisciplina, a los que tengan faltas de asistencia a clase repetidas y sin justificar o quienes provoquen daños en las instalaciones del centro . Las faltas más graves cometidas por los alumnos, que deberán ser probadas y comprobadas, se sancionan con la suspensión del derecho de la asistencia a clase, el cambio del centro o, en último caso, la expulsión del alumno.

El Ejecutivo regional pretende de este modo ayudar a las víctimas de acoso y violencia escolar y que sea el agresor el que esté obligado a cambiar de centro y no el agredido . Con la expulsión o cambio de centro se sancionan también las faltas que lesionan los derechos de las personas, ya sea a su integridad física o su dignidad, así como el acoso y las humillaciones contra alumnos, profesores o personal del centro.

En este apartado se incluye además la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o conductas contrarias a las normas de convivencia.