El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) ha aprobado definitivamente la directiva sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas a la que el Parlamento Europeo dio el visto bueno el pasado 14 de diciembre. Dicha normativa obliga a los operadores a retener los datos durante un periodo de entre seis y 24 meses para la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.
No todos los representantes de los Estados miembros han votado a favor de la directiva. Irlanda y Eslovaquia han dado un voto negativo para mostrar su desacuerdo con la base jurídica elegida para esta legislación, aunque ello no ha impedido lograr la mayoría necesaria para sacar adelante las nuevas normas.
A partir del momento en que la directiva sea publicada en el Diario Oficial de la Unión, los estados miembros tendrán 18 meses para incorporar a su legislación interna las disposiciones de la directiva. Además, los países que lo soliciten dispondrán de 18 meses de periodo transitorio en lo que se refiere a la retención de los datos de comunicaciones a través de Internet.
En este sentido, Franco Frattini, comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertad, ha elogiado el “paso decisivo” que se ha dado con la aprobación de la directiva, que considera un “gran éxito”.
Como resultado, todas las llamadas telefónicas deberán ser registradas, tanto las recibidas como las perdidas o no contestadas. Igualmente, tendrán que retenerse los datos de correo electrónico.
De este modo, se podrá conocer, si es necesario, quién ha hecho una llamada, el lugar de procedencia y su duración, aunque no el contenido de la llamada, cuyo acceso sólo será posible mediante la decisión de una autoridad judicial.
La Directiva también afectará a la retención de los datos correspondientes a la localización del lugar desde el que se realizan las llamadas desde teléfonos móviles, de modo que quedaría registrado todo movimiento que realizase un sospechoso durante una conversación telefónica con móvil.
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