Los usuarios denuncian la nueva normativa sobre tarificación adicional
El pasado 21 de agosto entró en vigor una orden creada para defender a los consumidores de los abusos en la utilización de los números 800.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha denunciado la “inutilidad” de la nueva normativa sobre tarificación adicional, la que regula el uso de los números 800, al considerar que las condiciones para exigir el consentimiento expreso de los usuarios “son fácilmente eludibles por las operadoras y no reducirán el fraude telefónico”.
El pasado 21 de agosto entró en vigor la nueva orden sobre tarificación adicional, aprobada por el Gobierno como una medida para defender a los consumidores de los abusos que han venido produciéndose en este tipo de llamadas, especialmente a través de los antiguos 906.
La orden establece la obligatoriedad de solicitud expresa de conexión por parte del usuario para los servicios de tarificación adicional a los que se accede mediante el prefijo 907 (llamadas de Internet) y para los nuevos números 800 (803, 806 y 807), aunque sólo en su nivel superior, es decir, sólo para aquellas llamadas cuyo coste sea superior a 1,16 euros por minuto (un euro más IVA), cuya numeración tiene como cuarta cifra el 6, 7, 8 ó el 9.
La AUC ha realizado un seguimiento de las llamadas de tarificación adicional que aparecen anunciadas en la prensa, Internet y televisiones locales desde la entrada en vigor de la norma y ha observado que el 100 por cien de las ofertas quedan por debajo de ese coste superior, situándose entre los 70 céntimos y los 1,06 euros.
Esto les permite “sortear esa obligatoriedad de consentimiento expreso por el usuario, y en la práctica convierten en papel mojado esta nueva protección del consumidor y la situación de abuso a los usuarios se va a mantener en similares condiciones que antes de la entrada en vigor de la Orden”, indica la Asociación.
La AUC considera que esta situación era “previsible” antes de la aprobación de la Orden, que tacha de inútil, y exige, como medida verdaderamente eficaz para la protección de los consumidores, que la obligación de solicitud expresa se establezca para todas las llamadas de tarificación adicional.
Asimismo, la Asociación de Usuarios de la Comunicación exige que esa obligación de solicitud previa se extienda a los servicios de SMS en los móviles, que han quedado fuera de la regulación de la tarificación adicional, a pesar de que pueden generar problemas similares de fraude y abuso.
