Tras siete años y medio, el nombramiento de tres Ministros de Cultura diferentes y la creación de la cartera de Ciencia e Innovación, José Luis Rodríguez Zapatero se despedirá de su cargo como presidente del Gobierno el próximo día 20. Y lo hará dejando en vigor dos de las leyes más polémicas de los últimos tiempos: la del canon digital, que hace un año fue declarada ilegal por la Unión Europea, y la antidescargas o “Ley Sinde”, que permite cerrar páginas web.
Su sucesor en las filas del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha prometido que de salir elegido derogará el gravamen de los soportes de almacenamiento digital y que establecerá “un nuevo modelo de protección” para compensar las pérdidas de los autores por piratería de unos contenidos que les pertenecen. ¿Cuál? No lo ha aclarado.
Como tampoco lo hacen los candidatos del PP y UPyD, Mariano Rajoy y Rosa Díez, o en todo caso sus programas electorales, que hablan en términos genéricos de promover “la adaptación del derecho de propiedad intelectual al nuevo entorno tecnológico” con “modelos de gestión y retribución más justos y equitativos” y de devolver “el control tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías”.
Esta intención de enterrar algo que lleva “muerto desde hace meses” y “ya huele a cadáver en descomposición”, en palabras del presidente del Partido Pirata, Ángel Vázquez Hernández, aparece en las agendas de las principales formaciones. Incluso en la suya, que califica el tema de “chiste”: la Audiencia Nacional resolvió en marzo de este año la anulación del impuesto y la de Barcelona absolvió a una tienda de informática que se rebeló contra la SGAE.
Eso sí, a la hora de proponer una alternativa viable, IU es la que concreta. Con Cayo Lara como nuevo coordinador general, establece tres puntos sobre los que se debería basar la nueva Ley de Propiedad Intelectual: creación de una entidad pública para administrar el dinero recaudado (similar a lo que plantea el PSOE), “adecuada contribución de operadores de telecomunicaciones” e industria al pago de los creadores, y reconocimiento de licencias diferentes al copyright tradicional así como la posibilidad de renunciar al cobro de los derechos.
Licencias de autor y software libres
Y es que actualmente incluso los autores deben tributar por representar sus propias obras. Además, como recuerdan desde el partido ecologista Equo de Juan López de Uralde, la libertad para adoptar licencias libres sigue sin estar reconocida, error que desean subsanar también UPyD y los “piratas” dando opción a la autogestión. A mayores, la lucha de estos últimos se encamina a superar “terminología sujeta a confusión” como es el caso de propiedad intelectual, “ya que puede anteponer intereses económicos al disfrute de la cultura por parte de los ciudadanos”.
Una novedad interesante en este sentido es la alfabetización digital en software libre, propuesta que llevan en sus programas tanto Equo como IU y UPyD, que pretenden llevar el open source a los medios informáticos de las Administraciones. Pero mientras Equo habla de “apoyo” y UpyD de “promover el uso prioritario”, IU utiliza el término “obligatorio” para evitar que “se sigan pagando costosas licencias con dinero público cuando tenemos alternativas gratuitas y mejores al alcance”.
El Partido Pirata apostilla que las herramientas desarrolladas para el sector publico deberían ser difundidas de forma gratuita “para que puedan ser copiadas, adaptadas y redistribuidas” y que la duración de una patente tendría que ser limitada y nunca renovable. Una reforma encaminada a eliminar el modelo de patentes de software también se cuenta entre los planes de Equo por considerarlo “abstracto y arbitrario” y enemigo de la innovación, y en los de IU por perjudicar “tanto a los programadores individuales como a las pequeñas empresas”.
Por su parte, el PSOE encumbra la “promoción, financiación e internacionalización” del software de entretenimiento y los videojuegos como una de las formas de potenciar la cultura y, al mismo tiempo, generar mayor participación en el PIB y ayudar al crecimiento económico.
Objetivo común: brecha digital cero
Otro de esos motores para el cambio sería Internet en el supuesto de que se acelere su alcance y velocidad media en hogares y oficinas. Prácticamente todos los partidos sin excepción prometen ampliar la cobertura de las redes de telecomunicación de última generación, reducir los precios y cumplir con la Agenda Digital europea en términos de banda ancha antes de 2016.
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