Los proveedores tendrán un plazo para registrar las comunicaciones electrónicas

Los ministros de Justicia e Interior de la UE acordaron conceder un periodo transitorio a las operadoras de telecomunicaciones a las que se les pide que almacenen durante cierto tiempo la información del tránsito hacia Internet y las llamadas de telefonía de sus usuarios, con el fin de poder utilizar estos datos en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El Consejo cerró un acuerdo “etapa por etapa”, lo que “no significa que haga falta inmediatamente incluir todos los datos de telecomunicaciones”, puesto que se comenzará por las llamadas de telefonía fija y móvil. Para Internet y las llamadas que no lleguen a su término, los representantes de los Estados miembros se pusieron de acuerdo sobre un periodo transitorio para tener en cuenta las dificultades que algunos operadores nacionales han esgrimido.

“Los Estados miembros quieren evitar que estos operadores sufran costes que no sean proporcionales con el objetivo de proseguir por el Consejo”, señala la declaración de la Presidencia.

Esta decisión marco tiene por fin facilitar la cooperación judicial en materia penal a través de la armonización de la legislación de los Estados miembros sobre retención de datos por parte de los proveedores de comunicaciones electrónicas, es decir, tanto telefonía fija y móvil como Internet.

Sin embargo, los países con una potente industria de telecomunicaciones, como Alemania y Finlandia, se oponen a prolongar el almacenamiento de datos (nombre del emisor y receptor de la llamada, duración, hora de la conexión, etc.) más allá de un año, debido a su elevado coste. Calculan que esta normativa podría costar hasta 250 millones de euros al año a las compañías.

Para reducir costes, Alemania ha propuesto eliminar de la lista de datos a retener las llamadas que no lleguen a término, pero España alega que, precisamente, las investigaciones de los atentados del 11-M lograron importantes resultados gracias a esas informaciones.

Por otra parte, también se plantea un problema de base jurídica, puesto que esta propuesta fue presentada por Francia, Reino Unido, Suecia e Irlanda, pero la Comisión Europea prepara ahora mismo un nuevo texto que se sostiene en otro artículo del Tratado.