Los ministros de Justicia e Interior de la UE han rechazado que sean los Estados quienes asuman los costes en los que incurrirán las operadoras de telecomunicaciones cuando se apliquen las polémicas normas comunes de retención de datos de teléfonos e Internet.
Sin lograr un acuerdo sobre el fondo de esta reglamentación, los Veinticinco han apostado por dar libertad a cada gobierno para indemnizar a las operadoras y se han emplazado, de nuevo, a lograr un acuerdo sobre esta cuestión, considerada imprescindible para la lucha contra el terrorismo, antes de finales de año.
Asimismo, han avanzado sobre el periodo durante el cual se obligará a las compañías a almacenar los datos, y han situado la horquilla entre los 12 meses del teléfono y los seis de la información sobre la navegación en Internet.
El debate ha mantenido la incertidumbre sobre la base jurídica que se elegirá, aunque la mayoría de las delegaciones apuesta por lograr una directiva.
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