La lucha contra la crisis del coronavirus ha implicado de lleno a la tecnología. Además de implementarse medidas de teletrabajo y enseñanza online para mantener la actividad de empresas e instituciones educativas a pesar del confinamiento, también se han desarrollado aplicaciones específicas para controlar aforos y detectar posibles contagios.
¿Qué implicaciones tiene esto en la privacidad? ¿Cómo están reaccionando los ciudadanos a su implementación?
Según el informe The Cost of Privacy: Reporting on the State of Digital Identity in 2020 de Okta, los ciudadanos son en su gran mayoría conscientes de los planes de sus gobiernos para seguir la evolución de la pandemia COVID-19 mediante la recopilación de datos de sus smartphones. Pero esto no quiere decir que les agrade o que no se planteen ciertas implicaciones. A más de un 80 % de los europeos les preocupa que sus datos puedan estar siendo utilizados por organizaciones para iniciativas no relacionadas con la pandemia.
El principal escollo es la publicidad. Más de tres cuartas partes de los encuestados se muestran inquietos por el uso de sus datos para ofrecer anuncios personalizados. Especialmente se rechaza la recopilación de información personal en conversaciones fuera de línea escuchadas por dispositivos, contraseñas y datos biométricos. Un 81 % teme que la información se almacene en lugares poco seguros, que tengan que sacrificar su privacidad en exceso y posibles repercusiones financieras.
Además, hay consumidores que desconocen qué datos se están recopilando. Un tercio no cree que su empleador acumule información sobre ellos. Y otros no esperan ser vigilados por medios, servicios de streaming y proveedores de hardware.
Ante esto, Jesper Frederiksen, VP & GM EMEA de Okta, explica que “la realidad es que nuestra información personal está siendo recogida por todo el mundo”.
“Normativas, como el RGPD, tratan de dar a los individuos cierto control sobre sus datos, pero puede ser difícil entender qué es lo que constituye nuestra identidad digital, cómo se utiliza esa información y qué tipos de datos se recogen”, indica. “Dado que sólo una quinta parte de los consumidores dicen que siempre leen las condiciones de los servicios, las empresas deberían probablemente buscar otros modos de informar sobre sus prácticas de recopilación de datos”.
“Para tranquilizar a los consumidores, las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los datos que recogen, cómo los almacenan y cómo los utilizan”, recomienda Frederiksen. “Es hora de debatir abiertamente, y de forma honesta, el rastreo de datos. Las organizaciones lo necesitan para innovar y mejorar; sin embargo, deben ser transparentes en su uso, pues de lo contrario corren el riesgo de perder simplemente clientes”.
El directivo de Okta destaca que, “a pesar de la preocupación por su privacidad, los ciudadanos siguen dispuestos a compartir sus datos para contribuir a la lucha contra la COVID-19”. Ante esto “es importante no abusar de esta confianza: mientras que poco más de un tercio de ellos quieren límites sobre quién puede acceder a estos datos, la mitad de los encuestados pediría fijar restricciones de tiempo. Por consiguiente, las organizaciones que recopilan estos datos deben asegurarse de controlar el uso de esta información”.
Okta ha sondeado las opiniones de consumidores de Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Su conclusión es que los ciudadanos franceses y británicos aceptan mejor que los de otros países compartir sus datos para ayudar a controlar la pandemia de coronavirus. Casi 6 de cada 10 están dispuestos a entregar datos de geolocalización, mientras que en los Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Australia el porcentaje está por debajo del 50 %.
Franceses y británicos también son los que se sienten más cómodos con la idea de que sus datos se reúnan para ver si el virus está progresando o si la vacuna es eficaz y para identificar individuos que han tenido contacto con positivos.
A esto hay que añadir que los franceses son los que menos se avergüenzan de la posibilidad de vender sus datos. Hasta un 41 % de ellos estaría dispuesto a compartir sus datos con las empresas a cambio de dinero. Un tercio aceptaría entre 10 y 30 euros por los datos de geolocalización y el historial de navegación; y otro 14 %, compartir sus contraseñas por menos de 30 euros.
Eso sí, por lo general, los consumidores se inclinan más por vender datos como historial de navegación y de compras, datos de geolocalización y detalles de consumo de contenidos multimedia que contraseñas, interacciones offline y datos biométricos.
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