Lo que hay que saber sobre la Ley General de Telecomunicaciones
La norma ha introducido sustanciales cambios desde que empezó a tramitarse. La versión final ha gozado del beneplácito de los principales grupos.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la versión definitiva de la Ley General de Telecomunicaciones.
La aprobación de la norma estaba prevista para los primeros meses de 2014. En febrero el Congreso dio luz verde a la Ley, fue algo más tarde de lo esperado por las enmiendas a la totalidad que presentaron PSOE, Izquierda Plural, CiU y ERC.
Después se envió al Senado, donde prosiguió su negociación. Allí se produjeron algunos importantes cambios, como la adjudicación de más competencias a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).
Finalmente, y tras meses de negociaciones y cambios, la ley se aprobó ayer con el apoyo de PP, PSOE y CiU. Los principales grupos parlamentarios coincidieron ayer en que la norma ha gozado de la incorporación de diferentes voces y que ha sido fruto de un amplio consenso. Estos son los puntos más destacados de la norma.
Simplificación
Se establece la simplificación en el despliegue de nuevas redes, se favorece el uso compartido de infraestructuras entre compañías, se reduce la denominada “dispersión normativa” entre CCAA y se suprimen las trabas en la concesión de licencias.
También se han introducido cambios sobre la colaborción entre administraciones en despliegue de redes de comunicaciones electrónicas. Los despliegues aéreos por las fachadas deberán hacerse siguiendo las instalaciones ya disponibles.
Derechos de usuarios
La Ley, prometía ayer el diputado popular Javier Puente en declaraciones que recogió Europa Press, proporcionará “mayor cobertura” de redes digitales a menores precios. Permitirá mayor capacidad de elección, más calidad en los servicios y la defensa de sus derechos como consumidores. También dijo que el acceso a los servicios se agilizará gracias al “despliegue de redes de nueva generación”. Los consumidores podrán negarse a recibir llamadas comerciales.
Se fija el compromiso garantizar el acceso a una velocidad mínima de 10Mbps en 2017 en todos los hogares. La idea es que en 2020 la banda ancha llegue a los 30Mbps y que la mitad de hogares tengan acceso a servicios superiores a 100Mbps.
Izquierda Plural consideró que la Ley favorece el despliegue de infraestructuras como único objetivo, sin tener en cuenta principios de “precaución y prudencia en materia de salud pública”.
Independencia de la CNMC
Inicialmente la Ley establecía la transferencia de algunas competencias del superregulador al Ministerio de Industria. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, se mostró preocupado ante tal posibilidad, ahora descartada.
Finalmente la norma refuerza las competencias del superregulador en materia audiovisual y de nuevas tecnologías. El órgano tendrá poder sancionador, funciones de asesoramiento y arbitraje.
