En el mismo 2007, las organizaciones de internautas, como la Asociación de Internautas o la Asociación de Usuarios de Internet, a la luz de los hechos publicados en los medios de comunicación, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General. La recuperaron y actualizaron unos años después, sin – o eso creían ellos – gran respuesta por el poder judicial. Esas denuncias fueron el origen de la Operación Saga, el nombre que recibió la investigación que ha acabado con el responsable de la SGAE y otras ocho personas detenidas el pasado viernes.
A Teddy Bautista y a los otros detenidos se les acusa de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Bautista, el director general de la SGAE, Enrique Loras, y el director económico-financiero de la misma, Ricardo Azcoaga, la cúpula de la sociedad de autores, podrían enfrentarse a diez años de cárcel. Este fin de semana lo han pasado en los calabozos del juzgado, saliendo ayer a última hora de la tarde en libertad sin fianza, aunque según publica Público en su edición impresa les han retirado el pasaporte, no podrán salir de España sin autorización judicial y tendrán que indicar un domicilio fijo.
Desde la SGAE han publicado un comunicado de prensa señalando que han “puesto todo su empeño en colaborar activamente con la justica para el rápido esclarecimiento de los hechos” y que confían en que, una vez que la investigación avance, se demostrará que no han hecho nada malo. En el comunicado también se deja entrever que quizás detrás de todo el proceso esté algún tipo de error o sabotaje informático. “En el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios de aquellos”, apuntan en el comunicado. La SGAE retomará hoy su actividad con “normalidad”.
Bautista sigue siendo el presidente de la junta directiva de la organización, aunque la junta directiva electa, según apunta en su edición en papel de hoy El País, ya plantea sustituirlo por una comisión gestora. La lista que ganó las elecciones el día antes a la intervención de la Guardia Civil en el edificio de la SGAE era, justamente, la más cercana a Bautista y la que apostaba por un proyecto continuista.
Lo que sí parece claro es que la Operación Saga no va a tener ningún efecto ni en el canon digital ni en la llamada Ley Sinde. La ministra de Cultura, Ángeles González – Sinde, podría ser una víctima involuntaria de la operación, a pesar de que Cultura no tiene ningún tipo de relación o poder sobre la SGAE (ésta ha sido una de las reclamaciones tradicionales de los críticos de la Sociedad).
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