Lo que ha dado de si la Operación Saga
“Esto de que no se sabe qué hacemos con el dinero es una leyenda urbana”. Eran declaraciones de Eduardo Bautista, el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE), más conocido por su nombre artístico de juventud, Teddy Bautista. Lo señalaba durante un desayuno con medios de comunicación y altos cargos del sector, en el Foro Nueva Economía, el pasado enero. Son declaraciones que a la luz de los acontecimientos se han vuelto paradójicas y que, junto con otras similares, han echado leña a la quema pública que estos días ha tenido a Bautista como protagonista.
El hombre que acusaba a los internautas de ladrones, que señalaba a la piratería como una de las mayores quiebras del Estado de Derecho y que defendía a capa y espada la no muy popular Ley Sinde se convirtió en uno de los personajes públicos más impopulares del país y, tras el registro en la SGAE del pasado viernes y su posterior pase a disposición judicial, en el protagonista de uno de los giros de trama más sorprendentes de los últimos tiempos: ‘justicia poética’ fue la construcción favorita de los internautas durante estos días. La operación Saga empezaba a golpe de viernes y se convertía en la sorpresa del verano.
A pesar de la presunción de inocencia -la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, así lo recordaba – Bautista ha ardido en la pira pública. Su entorno señala que el director de la SGAE está “destrozado”. “La gente de la SGAE está muy asustada”, explicaban este fin de semana a El Economista fuentes cercanas al directivo. “Teddy, muy probablemente no tenga nada que ver con esta trama”, añadían estas mismas fuentes al diario económico, “porque no es la SGAE, es la SDAE, una ramificación dirigida por Rodríguez Neri”.
La trama que ha desembocado en la Operación Saga y en la detención más sorprendente del verano empieza, al menos para el público, hace ya casi cuatro años. El entonces casi recién nacido diario Público publicaba un reportaje sobre el complejo entramado societario de la SGAE. La entidad no podía (ni puede) por ley tener ánimo de lucro, aunque una red de sociedades asociada a la Sociedad de Autores, según denunciaba el diario, sí lo estaban haciendo. El reportaje recuperaba datos del registro mercantil demostrando que las sociedades participadas por la SGAE, y que muchas veces únicamente tenían a la sociedad de autores como fuente de facturación, no sólo eran sociedades limitadas (que buscan lucrarse) sino que además compartían directivos y domicilio fiscal con la propia SGAE.
El reportaje de Público fue una especie de pistoletazo de salida. Otros reportajes en prensa siguieron esa senda, mientras la presión de la SGAE por el pago de las cantidades relacionadas con derechos de autor sobre empresas y particulares crecía. Fueron los años de los investigadores de la SGAE colándose en bodas para demostrar que los novios bailaban al son de música que no pagaba derechos de autor. Fueron los años de denuncias contra aficionados que no pagaban los derechos de representación de obras de teatro clásicas. Fueron, también, los años del canon digital y del trabajo en la Ley Sinde. La SGAE iba convirtiéndose en una de las entidades más impopulares de España y Bautista erigiéndose como el villano de turno para los españoles, lo que ha creado un caldo de cultivo bastante propiciatorio para la suerte de fiesta nacional en la que se convirtió la detención de Bautista. Una detención que, hasta que el juez dicte sentencia, no significa más que el responsable de la SGAE quizás haya cometido un delito.
En el mismo 2007, las organizaciones de internautas, como la Asociación de Internautas o la Asociación de Usuarios de Internet, a la luz de los hechos publicados en los medios de comunicación, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General. La recuperaron y actualizaron unos años después, sin – o eso creían ellos – gran respuesta por el poder judicial. Esas denuncias fueron el origen de la Operación Saga, el nombre que recibió la investigación que ha acabado con el responsable de la SGAE y otras ocho personas detenidas el pasado viernes.
A Teddy Bautista y a los otros detenidos se les acusa de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Bautista, el director general de la SGAE, Enrique Loras, y el director económico-financiero de la misma, Ricardo Azcoaga, la cúpula de la sociedad de autores, podrían enfrentarse a diez años de cárcel. Este fin de semana lo han pasado en los calabozos del juzgado, saliendo ayer a última hora de la tarde en libertad sin fianza, aunque según publica Público en su edición impresa les han retirado el pasaporte, no podrán salir de España sin autorización judicial y tendrán que indicar un domicilio fijo.
Desde la SGAE han publicado un comunicado de prensa señalando que han “puesto todo su empeño en colaborar activamente con la justica para el rápido esclarecimiento de los hechos” y que confían en que, una vez que la investigación avance, se demostrará que no han hecho nada malo. En el comunicado también se deja entrever que quizás detrás de todo el proceso esté algún tipo de error o sabotaje informático. “En el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios de aquellos”, apuntan en el comunicado. La SGAE retomará hoy su actividad con “normalidad”.
Bautista sigue siendo el presidente de la junta directiva de la organización, aunque la junta directiva electa, según apunta en su edición en papel de hoy El País, ya plantea sustituirlo por una comisión gestora. La lista que ganó las elecciones el día antes a la intervención de la Guardia Civil en el edificio de la SGAE era, justamente, la más cercana a Bautista y la que apostaba por un proyecto continuista.
Lo que sí parece claro es que la Operación Saga no va a tener ningún efecto ni en el canon digital ni en la llamada Ley Sinde. La ministra de Cultura, Ángeles González – Sinde, podría ser una víctima involuntaria de la operación, a pesar de que Cultura no tiene ningún tipo de relación o poder sobre la SGAE (ésta ha sido una de las reclamaciones tradicionales de los críticos de la Sociedad).
