Desde el pasado viernes los propietarios de teléfonos móviles tienen prohibido liberar sus terminales debido a la protección de la propiedad intelectual relativa a los bloqueos que imponen los operadores a los dispositivos para poder operar en redes de otras compañías.
La iniciativa responde a la previsión legal contenida en la Digital Millenium Copyright Act que ha entrado en vigor tras un periodo de 90 días en que sí se permitió la liberación de los terminales con la ahora castigada modificación del software que limitaba el uso con el operador con el que se adquirió el dispositivo.
Una primera infracción acarreara multa por valor de medio millón de dólares y cinco años de prisión, duplicándose para los reincidentes. Terminan así también contradicciones como la que impedía liberar un móvil pero sí un tablet porque la legislación no homologaba estos últimos dispositivos con los primeros.
Según una sentencia de la Corte de Apelación el propietario del terminal sólo adquiere una licencia de uso sobre el sistema operativo y los programas contenidos en el mismo por lo que resulta contrario al derecho de propiedad intelectual cualquier modificación del software, lo que incluye el código que impide que el dispositivo pueda funcionar bajo la red de otro operador diferente.
Con esta normativa los únicos autorizados para liberar los terminales serán los propios operadores.
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