La empresa de reparto Glovo ha confirmado su baja de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) como consecuencia de la aprobación de la llamada Ley Ryder, un texto normativo que ha sido consensuado por la patronal con Gobierno y sindicatos.
Dicho texto recoge las peticiones de muchos empleados de empresas de reparto como Glovo, cuya relación laboral hasta ahora se fundamenta no en un contrato por cuenta ajena, sino en un acuerdo en el que los repartidores son trabajadores en régimen de autónomos.
Con frecuencia esta relación oculta la situación de los llamados falsos autónomos que trabajan de manera exclusiva para una plataforma, debiendo correr ellos con los gastos asociados a las cotizaciones sociales, careciendo de cobertura sociales asociadas a una relación laboral por cuenta ajena, que es la que en realidad debería producirse, como ahora intenta corregir esta Ley Rider.
La norma llevaba tiempo en preparación pero fue determinante una sentencia del tribunal supremo que daba la razón a los repartidores de empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, considerando los falsos autónomos y obligando a laboralizar su situación, es decir, convertirlos en trabajadores por cuenta ajena. Otras empresas de reparto, como Just Eat o Telepizza, sí tienen dados de alta a sus repartidores como empleados y por tanto no se han visto envueltos en esta situación.
La salida de la CEO por parte de Glovo tendrá efectos a partir del próximo mes de junio, y mientras tanto está promoviendo una nueva asociación patronal de empresas de reparto que por el momento cuenta con la participación de diversas empresas “perseguidas por la inspección de trabajo por usar fraudulentamente autónomos en el reparto“, tal y como señala la publicación El Diario.
Agrupadas bajo la denominación APS (Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda), Glovo está impulsando una patronal sectorial junto a las mencionadas Deliveroo y Uber Eats además de otras como Stuart. Se da la circunstancia de que todas estas empresas han sido objeto de actas levantadas por la Inspección de Trabajo al detectarse la utilización de falsos autónomos.
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