Ley de Cookies: ¿la galleta que se le indigesta a Europa?

Ha empezado la cuenta atrás. La fórmula utilizada por las páginas web para rastrear las conductas de navegación de sus usuarios tiene fecha de caducidad: el 25 de mayo. Ese día, los países de la UE deberán liberar al monstruo de las Galletas y ser más estrictos a la hora de regular la privacidad electrónica, tal y como establece la Directiva comunitaria sobre ePrivacy.

Si en el sistema opt out actual bastaba con informar de la existencia de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos y del modo de rechazarlos, el nuevo reglamento introduce una diferencia notable. Los sitios web estarán obligados a obtener el consentimiento previo del usuario si quieren instalar estos dispositivos, indicando qué datos concretos se almacenarán, con qué fines y por cuánto tiempo, habilitando un sistema de baja voluntaria.

Ya no vale con presentar largos contratos sobre condiciones de uso donde el internauta medio no alcanza a leer más que el botón de confirmación y “acepta” sin actuar en conciencia, o desconociendo incluso la existencia de cookies. Disimular su presencia o instalarlas en contra de la voluntad de la persona afectada no es legal, asevera Bruselas. La cuestión es que a día de hoy no se han producido suficientes denuncias para la incoación de procesos sancionadores firmes acerca de la mala utilización de programas chivatos. Ni en España ni en la UE.

Conflicto de intereses

El objetivo de este cambio en la legislación es equilibrar la balanza entre el derecho a la privacidad de unos y la libertad de negocio de otros. Por una parte se protegen los datos de los internautas y se les devuelve el control sobre qué desean compartir y qué no, instaurando un sistema opt in. Por otro, se controla el rastreo basado en la instalación ilegal de cookies y se reduce su valor estratégico para la técnica de publicidad comportamental.

Y es que las “galletas”, además de esos inofensivos archivos de texto que ayudan a recordar contraseñas y a navegar más rápido sin volver a llamar todo el contenido de la página, también son fundamento del behavioural advertising. Sirven para analizar el tráfico de visitas, gestionar patrones de comportamiento y confeccionar campañas que sientan al destinatario como el mejor de los trajes. Tienen, por tanto, un gran valor económico para los anunciantes. Un informe de la consultora McKinsey cifra en 20.000 millones de euros los beneficios anuales por producción de publicidad online, que podrían ascender a 100.000 si se explotasen comercialmente servicios que en la actualidad son gratuitos.

Menos velocidad y más pop-ups

La norma del consentimiento previo pone en jaque el crecimiento de los negocios virtuales y frena las ventajas que las TIC ofrecen a la industria de los medios de comunicación, las redes sociales y demás compañías que distribuyen contenidos y servicios electrónicos.