La Ley de Ciencia ante la encrucijada de la crisis

El anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado por el Gobierno el pasado viernes, viene a responder a las deficiencias de las que adolece España en materia de competitividad y a la acuciante necesidad de cambios en el modelo productivo.
Se trata de una norma llamada a sustituir a la actual Ley de Ciencia, que data de 1986, y que, según la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, nace con la intención de convertir el conocimiento en innovación para así fomentar el desarrollo social y el progreso económico.

La nueva ley tendrá un carácter netamente reformista, con el que se pretende dinamizar la economía mediante la innovación en unos momentos de verdadera incertidumbre. Una labor difícil, si consideramos que España, a pesar de haber incrementando considerablemente su gasto en I+D+i durante la última década, es uno de los países de la Unión Europea que menos invierten en innovación por habitante. De hecho, España dedica a esta materia un 1,3% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 1,8%.

Entre los objetivos que plantea el nuevo texto, está el de mejorar la situación de los investigadores a lo largo de su carrera, fomentando su movilidad y logrando antes su estabilidad profesional. De hecho, según la ministra Garmendia, “la reforma fundamental de la ley es el diseño de una carrera científica estable, predecible, basada en méritos y reconocida socialmente”.
Con esta intención, se pretende dar más derechos a los jóvenes dedicados a la investigación, gracias a la sustitución de becas por contratos temporales. La nueva ley busca instaurar también un nuevo tipo de contrato con el objetivo de retener y atraer talento científico a nuestro país.  

Apoyo a la innovación

Un aspecto fundamental de la nueva norma es la creación del Estatuto de Joven Empresa Innovadora, que tendrá como objetivo fomentar y consolidar, mediante nuevas formas de financiación, la actividad de las empresas que destinen un mínimo del 15% de su gasto a investigación y desarrollo. La creación de este nuevo estatuto se plantea como un acicate para la creación de empresas innovadoras y tecnológicas, ya que su esencia es que los investigadores sean también emprendedores.

Esta propuesta, siempre y cuando se concrete en medidas reales, puede ser muy esperanzadora para el sector tecnológico. El Estatuto de Joven Empresa Innovadora nace con la intención de que la innovación sea el arma que las empresas utilicen para aumentar su competitividad en el marco de la crisis económica.
De este modo opina la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González Veracruz, que considera que “el reto que tenemos por delante es conseguir que la iniciativa privada también impulse la innovación y la tecnología”. Según González Veracruz, las empresas “tengan el tamaño que tengan”, han de apostar por la I+D+i como una herramienta de competitividad.