En 2006, quince millones de hogares estadounidenses descargaron archivos “no autorizados” a través de algún software P2P, un ocho por ciento más que el año anterior, según NPD Group. Alguien podría decir que estos datos son anteriores al juicio, y es cierto. Sin embargo, las demandas de la RIAA contra las descargas de archivos por Internet empezaron en el año 2003. El último ha recibido más publicidad porque es el único que no pudo resolverse de manera amistosa, nada más.
Estos mismos datos del NPD Group señalan que los servicios de pago de descargas musicales aumentaron en el 2006, si bien son dos millones menos que los que utilizan el P2P gratuito.
El P2P es, en estos momentos, una forma de rebeldía y activismo social. Según Hugh D’Andrade, de Electronic Frontier Foundation, “a pesar del veredicto, decenas de millones de americanos seguirán intercambiándose miles de millones de canciones, como han venido haciéndolo desde que Napster dejó al genio del P2P fuera de la botella hace casi ocho años”. En vez de imponer multas, lo que la industria discográfica debería hacer es abrazar licencias colectivas de intercambio de archivos, según D’Andrade.
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