El pasado mes de febrero la Casa Blanca anunciaba que echaba a rodar una orden ejecutiva sobre seguridad cibernética.

La nueva ley supone un punto de inflexión para la adopción de mejores prácticas de ciberseguridad y aspectos críticos en la defensa de las infraestructuras del país, tras la escalada de amenazas que ha sufrido EE.UU. en el último año.

La Administración Obama considera la seguridad cibernética un tema prioritario, pero las empresas de telecomunicaciones no están de acuerdo con algunos de los cambios propuestos en esta normativa que pretende establecer un marco de actuación oficial frente a riesgos.

Según informa ZDNet, los proveedores de servicios de Internet y una serie de grandes empresas de telecomunicaciones están tratando de convencer al Ejecutivo de que la imposición de una serie de medidas de seguridad obligatorias no es el paso correcto a seguir.

En un informe publicado el lunes por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) se han puesto de manifiesto 20 procedimientos de control que los operadores de telecomunicaciones deberían efectuar para la protección de las empresas y los consumidores.

Por su parte, los representantes de la comisión consultiva de empresas y organismos, donde están integradas compañías como AT&T, Sprint, Verizon o Comcast, se han posicionado en contra de esta recomendación de la FCC.

La cuestión es que las agencias, las corporaciones y las empresas se preguntan hasta qué punto el gobierno debe aplicar una legislación que podría llegar a ser restrictiva por la cantidad de inversión que requeriría la protección adecuada de las redes y datos de las operadoras de telecomunicaciones.

Los líderes empresariales apelan a una flexibilización de los pasos del gobierno para hacer frente a los delitos cibernéticos en la futura legislación.