Las operadoras de telefonía móvil destinaron en 2004 un total de 850 millones de euros para subvencionar la compra de terminales de sus clientes, según los datos ofrecidos por el consejero delegado de Vodafone España, Francisco Román.
Román, que ha intervenido en una mesa redonda en el VIII Encuentro del Sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones organizado por APD y Aetic, ha explicado que el año pasado se vendieron en España 15,5 millones de teléfonos móviles por un importe conjunto de 2.000 millones de euros.
Según los datos ofrecidos por el primer ejecutivo de Vodafone España, en todo el mundo el número de teléfonos móviles supera los 1.500 millones y en la actualidad se venden 600 millones de terminales al año. En los próximos años los principales motores de crecimiento del sector serán China e India.
Por otra parte, Román se ha referido al lanzamiento de la tercera generación de móviles (UMTS), una apuesta mundial para el sector que supone la inversión de 100.000 millones de euros en el despliegue de redes, a los que se añaden otros 100.000 millones de euros en la compra de licencias.
El éxito del UMTS depende fundamentalmente de la eliminación de los problemas que oponen muchos ayuntamientos para el despliegue de antenas, una situación “disparatada”, según Román. Así, el plazo medio teórico para la obtención de una licencia es de 4,3 meses, pero el plazo medio real de las 10 ciudades que no han paralizado la concesión se eleva a 19 meses.
Asimismo, el consejero delegado de Telefónica Móviles España, Javier Aguilera, también ha hecho hincapié en este problema y ha propuesto como posible solución la creación de un órgano de referencia de base científica que haga frente a las “crisis mediáticas” y a las dudas o temores de los ciudadanos sobre los supuestos efectos nocivos de las antenas.
En este sentido, Aguilera ha declarado que las operadoras necesitan la colaboración de la Administración para cambiar la percepción del riesgo entre los ciudadanos, y ha destacado como iniciativa positiva la comisión sectorial puesta en marcha hace unos meses por el Gobierno para facilitar la instalación de infraestructuras.
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