La Asociación de Empresas de Valor Añadido (AVA), que agrupa a empresas que presentan los servicios de tarificación adicional 803, 806, 807 y 907, ha denunciado en un comunicado que UNI2 alberga en sus líneas el 70 por ciento de los fraudes telefónicos que se cometen contra los usuarios.
Según un estudio al que se refiere AVA en su comunicado, realizado durante los últimos tres meses de 2004 sobre números de tarificación adicional que fueron utilizados para cometer “estafas, fraudes, engaños o timos”, de los 44 números de teléfono de tarificación adicional denunciados, 31 números son del operador UNI2 (70 por ciento).
Además, el estudio indica que cuatro números corresponden a AUNA (9 por ciento), dos a Valenciana del Cable (5 por ciento), uno a BT (2 por ciento), uno a Telefónica de España (2 por ciento) y uno a Comunitel (2 por ciento).
Para realizar el informe se han analizado las denuncias recogidas entre octubre y diciembre de 2004 por los usuarios, los servicios de consumo de ayuntamientos, las direcciones generales de consumo, por las organizaciones de consumidores y los medios de comunicación.
Ante estos datos, AVA hace un llamamiento a los operadores y, en especial a UNI2, “para que pongan freno a las prácticas ilícitas que algunos prestadores cometen a través de sus líneas y solicita que resuelva el contrato-tipo a estos prestadores de servicios”.
Con respecto a los engaños empleados, el estudio destaca que el 60 por ciento utiliza el reclamo de recogida de un falso paquete o carta; el 30 por ciento, regalos inexistentes y el 5 por ciento, falsas ofertas de empleo.
AVA recomienda a los usuarios que sólo llamen a los servicios de tarificación adicional que les merezcan credibilidad y confianza, sabiendo que les deben informar del precio del servicio y de la empresa que lo presta y, que en caso de fraude, deben denunciarlo.
La Asociación puso en funcionamiento el verano pasado el Observatorio de Control de los Servicios de Tarificación Adicional para velar por el correcto funcionamiento del sector y, en su primer informe, ya puso de manifiesto que algunos operadores de telecomunicaciones no cumplían las funciones de vigilancia y control de las empresas que cometían fraudes telefónicos.
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