De cada 100 denuncias que los ciudadanos españoles interponen en las comisarías el 85% son por delitos económicos en Internet.
El año pasado se hicieron una serie de reformas legislativas para tipificar en el Código Penal los delitos en materia de ciberdelincuencia. Se incorporaron hasta 26 tipos de delitos que pueden cometer las empresas, de los cuales 8 son informáticos, como la falsificación de tarjetas, el hacking de información personal intransferible o la visualización y distribución de pornografía infantil.
En el segundo desayuno tecnológico “Estrategias de Seguridad para la Prevención del Delito Tecnológico”, celebrado por la empresa de ciberseguridad Secure&IT, se extrajeron una serie de conclusiones.
Entre los ponentes, Ángel Pablo Avilés, creador de X1RedMásSegura y miembro del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, concluyó que el objetivo final de los ciberdelincuentes es “la obtención de información de la empresa y sus clientes para transformarla en dinero”.
No obstante, el impacto que tiene un ciberataque sobre las empresas no es solo de carácter monetario, la pérdida de confianza de los clientes, la imposición de medidas cautelares jurídicas (como el cese de la actividad temporal o permanente) y el daño a la reputación de la compañía son algunas de las consecuencias de una mala gestión de la seguridad de la información.
Por su parte, Sonia Martín, experta en Derecho Tecnológico y profesional de Secure&IT, señaló que “los nuevos escenarios conllevan problemas transfronterizos muy graves, por eso se debe evolucionar a un marco regulatorio uniforme”.
Según el informe “Análisis y caracterización del mercado de la ciberseguridad en España”, desarrollado por el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), las empresas españolas tienen un gasto estimado en herramientas de ciberseguridad de 150 millones de euro.
La inversión en sistemas de seguridad de la información ha aumentado, pero a pesar de ello el año pasado se detectaron 80.000 impactos graves en las corporaciones nacionales.
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