El informe elaborado en marzo por el prestigioso bufete Bercovitz-Carvajal (quienes no hace mucho decían que las descargas por P2P eran legales) a petición de Promusicae, que agrupa al 95% de los productores de música españoles, y de la Federación Antipiratería (FAP), tenía como propósito rebatir una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se recomendaba no perseguir penalmente a quienes descargan contenidos protegidos por derechos de autor a través de programas de intercambio de archivos entre pares (P2P).
Sin embargo, al defender sus tesis y justificar que los usuarios de este tipo de programas sí estarían cometiendo un delito, el bufete perjudicó indirectamente a las entidades de gestión de derechos de autor SGAE y Egeda. Y es que la pérdida de ingresos por los programas P2P era uno de los argumentos que esgrimían estas organizaciones en la lucha a brazo partido que en esos momentos libraban contra los fabricantes de tecnología para conseguir elevar el canon cuanto fuera posible y aplicárselo a otros dispositivos, como los reproductores MP3 y los teléfonos móviles.
Por lo tanto, las entidades impidieron que la Comisión Antipiratería del Gobierno diese luz verde al Informe Bércovitz y se lo transmitiese a la Fiscalía, que sólo había tenido noticia de dicho texto de forma extraoficial.
vINQulos
CC.OO
Sin las medidas de protección necesarias, un almacén puede convertirse en el eslabón más débil…
Adyen publica los resultados de su estudio "Estrategias para reducir el coste total de pagos",…
Del porcentaje global del 21 % se baja a un 18 % en el caso…
Entrevistamos a John Shier, CTO Field de Sophos, que hace repaso de las principales amenazas…
Desde fibratel comparten una serie de pautas para orientar la construcción de centros de datos…
Dell Technologies compara estos ámbitos y habla de "purificar la materia original", "combinar elementos", una…