La SGAE paralizó un informe que hubiera podido abaratar el canon
El informe elaborado en marzo por el prestigioso bufete Bercovitz-Carvajal (quienes no hace mucho decían que las descargas por P2P eran legales) a petición de Promusicae, que agrupa al 95% de los productores de música españoles, y de la Federación Antipiratería (FAP), tenía como propósito rebatir una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se recomendaba no perseguir penalmente a quienes descargan contenidos protegidos por derechos de autor a través de programas de intercambio de archivos entre pares (P2P).
Sin embargo, al defender sus tesis y justificar que los usuarios de este tipo de programas sí estarían cometiendo un delito, el bufete perjudicó indirectamente a las entidades de gestión de derechos de autor SGAE y Egeda. Y es que la pérdida de ingresos por los programas P2P era uno de los argumentos que esgrimían estas organizaciones en la lucha a brazo partido que en esos momentos libraban contra los fabricantes de tecnología para conseguir elevar el canon cuanto fuera posible y aplicárselo a otros dispositivos, como los reproductores MP3 y los teléfonos móviles.
Por lo tanto, las entidades impidieron que la Comisión Antipiratería del Gobierno diese luz verde al Informe Bércovitz y se lo transmitiese a la Fiscalía, que sólo había tenido noticia de dicho texto de forma extraoficial.
vINQulos
CC.OO
