La eAdministración no puede contar con “funcionarios con manguitos”

La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos introducirá cambios no sólo en relación que los ciudadanos y las empresas tendrán con la Administración, sino también en la gestión documental y archivística interna.
“Podríamos poner una pantalla muy bonita y detrás un funcionario con manguitos corriendo de un lado a otro“, explica el inspector general de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, Ángel Esteban Paul, pero ése no es el objetivo.
La nueva ley abre una oportunidad única, tal y como se desprende de las ponencias de apertura del Meeting Point 2008, Tendencias de futuro de las TIC, que se celebra a lo largo de la jornada en Madrid.
“No somos conscientes de lo que tenemos entre manos”, apunta Ángel Esteban Paul y recuerda que la normativa abre no sólo un nuevo campo de servicios, sino también el camino hacia una nueva legislación administrativa.
Legislación que puede quedarse sin efecto completo si la digitalización del proceso no es completa. “Cuando hablamos de la ley de acceso”, apunta el director de estrategia de Sector Público y Sanidad de T Systems, Manuel Mendieta, “pensamos en los derechos de los ciudadanos, pero hay también todo un aparato organizativo detrás”.
“El expediente electrónico tiene que tener todos los elementos en formato electrónico y unidos a él”, reconoce. Esta realidad abre una nueva problemática sobre la estrategia a seguir en materia de digitalización, con las dudas sobre cómo se puede asegurar la realidad de estos documentos y la unidad de carpetas.
“Por lo menos, debemos perseguir que dentro de un organismo haya una única carpeta de cada ciudadano”, puntualiza Mendieta.
Desafío ley
La ley de acceso propone nuevos desafíos, como la lucha contra la más que posible picaresca ciudadana o la garantía de una oferta de canales y servicios óptimos.
“Hay muchas preguntas sobre la mesa” confía Mendieta, “que todos se hacen pero que dudo mucho que todos tengan resueltas”. La adaptación a la ley será “un proceso complejo”, en el que además, y como reconoce Ángel Esteban Paul, no todas las partes de la organización “saben el impacto” que esta normativa tendrá en sus modos y medios de trabajo.
“Si queremos sacar el tajo que tenemos por delante, tenemos que planificar lo que no significa aprobar planes”, concluye el inspector general.