¿Qué hace falta para clausurar una página de descargas? Una orden del FBI, la acción de un escuadrón policial contado por decenas de agentes y el refuerzo de dos helicópteros. Al menos ese fue el dispositivo desplegado para arrestar hace ahora dos meses al ex-hacker metido a excéntrico empresario Kim Dotcom, requisar parte de su fortuna y suspender la actividad del servicio de alojamiento de archivos Megaupload. Sin ley antipiratería de por medio, y alegando varios delitos de propiedad intelectual, crimen organizado y blanqueo de dinero, el Departamento de Justicia estadounidense consiguió deshacerse de la decimotercera web más popular del mundo, de su fondo de miles de películas, series y programas de televisión, de sus 150 millones de usuarios registrados y la “lacra” de unos 50 millones de visitas diarias.
Estados Unidos: SOPA, PIPA y OPEN
Paralizadas, que no rechazadas. Actualmente continúan las negociaciones y es previsible que la legislación norteamericana sufra notables cambios. Según denuncian los adalides de una regulación férrea, la piratería roba a la industria del país más de 130.000 millones de dólares al año, lo que haría necesario bloquear las páginas infractoras, sancionar a sus autores con medidas de asfixia económica y a los usuarios con penas de hasta 5 años de cárcel. El problema es que tal y como está planteada, da pie a multitud de interpretaciones, como la posibilidad de cargar contra las redes sociales por el material colgado por sus miembros o la inspección de las direcciones IP por parte de los proveedores.
Unión Europea: ACTA
No menos trabas está encontrando el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) para pasar el escollo de la Unión Europea. Tras ser ratificado por Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda y Marruecos en octubre, y firmado a finales de enero por un grupo de 22 países europeos, incluyendo a España, este tratado de naturaleza internacional que persigue la piratería digital junto las falsificaciones de marcas todavía tiene que recibir el visto bueno del Parlamento. Pero su relator ya ha dimitido por la falta de transparencia durante las negociaciones y los eurodiputados dudan de la compatibilidad del texto con otras normas, como los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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