La universalización de la banda ancha estará garantizada en España en 2008

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha remitido un informe al Consejo de Ministros sobre la Ley de medidas del impulso de la Sociedad de la Información, señalando que esta norma permitirá la universalización de la banda ancha en España para el 31 de diciembre de 2007 y obligará a las grandes empresas a ofrecer servicios telemáticos a sus clientes para hacer gestiones a través de Internet.

De este modo, Clos asegura que esta Ley va en la línea de “incrementar la productividad de la economía” y garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso “asequible” a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). No obstante, ha recordado la “dificultad” del territorio español para llegar tecnológicamente con banda ancha a todos los municipios, que “a pesar de todo se adelanta a las fechas previstas”.

Enmarcada en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa, y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas (Plan Avanza), la nueva Ley contiene un conjunto de medidas para dinamizar el crecimiento de los servicios basados en Tecnologías de la Información (TI), generaliza la extensión y el uso de la banda ancha, y permite acelerar una mayor integración de nuestro país en la Sociedad de la Información.

La Ley establece que el Gobierno impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 diciembre de 2007, una cobertura total de la población en cuanto a disponibilidad de banda ancha para cualquier usuario, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y a precios razonables.

Por otro lado, esta Ley obligará a las grandes empresas de los sectores económicos relevantes a facilitar a sus clientes un medio de interlocución telemática que les permita realizar cualquier tipo de transacción tanto contractual como de posibles reclamaciones. Clos subraya que se establecerán diferentes plazos dependiendo del tamaño de las empresas, ya que quieren que sea un proceso “proporcionado, sensato y sin dificultades adicionales”.

Asimismo, la nueva legislación establece que las administraciones públicas promuevan el empleo de medios electrónicos para facilitar “la transparencia y la participación” en la adopción de decisiones públicas, estableciendo el uso obligatorio de la factura electrónica en la contratación con la administración general del Estado. Se prevén igualmente acciones de dinamización adicional para facilitar el uso de la facturación electrónica.

La Ley también tipifica como infracción administrativa el incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones, mientras que también se establece un marco jurídico mínimo aplicable a las subastas electrónicas entre empresarios, a fin de establecer la necesaria transparencia y seguridad jurídica.