Entre las propuestas estaría la consideración del “hackeo” como un delito penal, de forma que los usuarios que se aprovechen de vulnerabilidades de seguridad con propósitos maliciosos sean considerados criminales y puedan acabar en la cárcel.
En total, la pena mínima será de 2 años para aquellos casos menos importantes y de un total de 5 años si se emplearon herramientas específicamente diseñadas para ataques a gran escala, como por ejemplo las conocidas como botnets.
Otro tema que aborda la nueva ley es la suplantación de direcciones IP, práctica conocida como “Spoofing”, que se plantea que conlleve una pena de hasta tres años en los casos más graves.
Por otro lado, si los ataques han atentado contra sistemas de vital importancia como las plantas de energía, o generado importantes pérdidas en el terreno económico, se aumentarían las penas.
La propuesta del Comité también desea que se apliquen mayores penas para los ataques realizados por parte de grupos organizados de cibercriminales, y señala además, que el mero hecho de poseer herramientas para realizar “hackeos” o los planes para distribuirlas serán perseguidos.
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