La idea es que se castiguen especialmente los ataques cibernéticos que dañen infraestructura nacional que sea considerada como “crítica”, y las acciones que comprometan ordenadores con el fin de robar datos confidenciales.
Actualmente los 28 estados de la Unión Europea carecen de una política unificada en materia de sanciones ante ese tipo de acciones, pero eso acaba de cambiar.
A partir de ahora, el intento de acceder a sistemas de información de forma ilegal tendrá una pena máxima de dos años de cárcel.
En cambio, si se trata de ataques contra infraestructura relevante en el ámbito del transporte, plantas de energía o redes del gobierno, la pena estará en los cinco años o más.
También se han aumentado los castigos contra aquellos cibercriminales que se dediquen a interceptar comunicaciones de manera ilegal, o se dediquen a la producción y venta de dispositivos que permitan realizar esos actos delictivos.
Por otra parte, la legislación que acaba de aprobarse indica que las empresas que se beneficien del empleo de botnets o contraten a hackers para robar información secreta, serán responsables de forma directa por las ofensas cometidas en su representación.
En total, la votación del Parlamento Europeo registró 541 votos a favor, 91 en contra y 9 abstenciones, y únicamente Dinamarca quedará exenta de aplicar la nueva legislación, que deberá incluirse en las leyes nacionales de los países comunitarios en el plazo de dos años.
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