La UE también atacará a quienes compartan archivos
Los usuarios de los servicios de archivos compartidos deben temer la
intrusión de la policía en casa desde que ha entrado en vigor un
directiva Comunitaria.
Aunque la Directiva de Cumplimiento de los Derechos de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea fue originalmente prevista para luchar
contra la falsificación, los grupos de presión capitalistas dueños de
los derechos de copia han conseguido inclinar la balanza para que al
final se incluyan sanciones por infracciones a los derechos de copia.
El texto final de la ley da a los dueños de los derechos de copia poderes casi
absolutos a la hora de convocar a la policía para que detengan a
individuos que utilicen sitios peer-to-peer.
Bajo estos términos
los estudios cinematográficos y las compañías discográficas podrán
enviar evidencias y perseguir a cualquiera que crean que puede haber
infringido los derechos de copia.
Podrán hacer registros,
secuestrar propiedades y pedir a los tribunales que congelen cuentas
bancarias para proteger los derechos comerciales y la controvertida
propiedad intelectual, que es su materia de mercadería.
Las
últimas enmiendas a la directiva reafirman que la acción no se debería
emprender contra individuos que descargan música de buena fe para su
uso propio. Pero es en última instancia el dueño de los derechos el que
decide la cantidad de buena fe que está utilizando el usuario.
Ian Brown, director de Foundation for Information Policy Research, advirtió
que los poderes dados a la industria son demasiado grandes. Quieren que
se difunda el mensaje de que compartir archivos es ilegal, que lo es,
pero, ¿es lícito dar a los dueños de los derechos de copia el tipo de
poderes que normalmente son administrados por la policía para los casos
delictivos?, comentó.
Aunque la directiva a eliminado
una amplia propuesta para imponer sanciones punitivas a los individuos
que comparten esos archivos por Internet, se deja a las naciones
determinar si se reintroducen las sanciones.
Los miembros tienen
que transponer la directiva a su legislación nacional en un periodo de
dos años.
