La UE dictamina que España impidió a Telefónica reajustar sus tarifas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado hoy que el

Gobierno español no actuó conforme al derecho comunitario al impedir a

Telefónica reequilibrar sus tarifas en conformidad con una directiva

europea y, así, entorpeció el desarrollo de la competencia en

servicios de telecomunicaciones, al no haber adoptado las disposiciones

legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a

dicha directiva.

Esta norma había sido adoptada antes de que se

abriese la competencia al mercado y después de que la UE exigiera a los

miembros que dieran a las operadoras la oportunidad de ajustar sus

tarifas a los costes reales. Para ello, la directiva autorizaba a los

países a mantener los derechos especiales vigentes en los servicios de

telefonía vocal hasta el 1 de enero de 1998 al tiempo que instaba a los

Gobiernos a permitir que el reajuste de precios se hiciera en función de

las condiciones del mercado.

Aunque la normativa no establecía un

plazo concreto para el reequilibrio de tarifas, el Tribunal considera

que debía llevarse a cabo a un ritmo constante y con la mayor rapidez

posible desde la entrada en vigor de la normativa, y no más tarde del 1

de enero de 1998. En cambio, el Gobierno español no ha demostrado que

hubiera establecido, conforme a la directiva, un calendario de este tipo

dentro del plazo fijado, ni que éste hubiera sido aprobado por la

Comisión, señala el Tribunal en su fallo.

Además,

la decisión de la Comisión Europea de junio de 1997 relativa a la

concesión a España de plazos adicionales no autorizaba a las

autoridades españolas a aplazar el cumplimiento de su obligación de

suprimir los obstáculos al reequilibrio tarifario antes del 1 de enero

de 1998, sino a aplazar la concesión de nuevas licencias, añade.

El fallo respalda el recurso presentado por la Comisión Europea, quien

denunció que España había incumplido la directiva para la liberalización

de los servicios de telefonía y el suministro de infraestructuras. Al

obligar a Telefónica a conservar una estructura tarifaria que

perjudicaba a sus competidores y al mantener unas tarifas que no

correspondían a los costes reales, las autoridades españolas crearon una

situación perjudicial para el desarrollo de la competencia, denunció el

Ejecutivo.