El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, heredera de la polémica Ley Sinde.
El Ministro de Cultura, José Ignacio Wert, desveló algunas de las medidas que plantea entre las que destacan el refuerzo de la vigilancia a entidades gestoras de derechos de autor, refuerzo de las penas por violación de propiedad intelectual y la redefinición del sistema de compensanciones por copia privada.
La principal novedad que el propio Wert tachó de “pionera”, fue la propuesta de aplicar una tasa a agregadores de internet. Según la norma, servicios como Google deberán pagar una tasa a editores y autores por la publicación de contenidos sin autorización.
La filial española de la compañía de Mountain View no se ha pronunciado al respecto ya que el documento no es aún público por lo que se desconocen los detalles.
La propuesta ha generado no obstante un sendo debate que enfrenta a la AEDE, a usuarios y a los servicios como Google News o Menéame, que se nutren de contenido publicado por terceros, siempre acompañados de links que redirigen a la página de la fuente original.
El site Menéame ha hecho público un comunicado en el que considera que la modificación tiene objetivos “claramente mercantilistas” y califica la tasa de “injusta, innecesaria y perjudicial para empresas españolas y medios de comunicación”.
El total de visitas acumuladas por Menéame supone el 5,6% del total de la suma de las visitas de todos los miembros de la AEDE, matizan. Recalcan que los ingresos que genera el site a los sitios enlazados son muy superiores a los que genera para sí mismo. La Asociación de Internautas ha tachado la propuesta de “sinsentido”.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles ha celebrado la medida, que lleva reclamando desde hace años. Su presidente, Luis Enríquez, declaró que supone un “paso importantísimo del Gobierno en la buena dirección”. Como recoge ABC, se mostró convencido de que “el camino que se acaba de abrir será seguido por el resto de países de Europa”.
Panorama europeo
Países como Alemania, Francia y Bélgica ya han propuesto medidas similares. En el caso alemán se obliga a buscadores a tener licencias de los editores de prensa para difundir contenidos –se permite la difusión de citas breves sin permiso-. Google News no paga la tasa ya que la mayoría de grupos editoriales autorizaron el uso de sus contenidos en el servicio.
El Gobierno francés también pidió compensación por el uso de contenidos. Google cerró en Francia un acuerdo que supuso el pago de 60 millones de euros para proyectos de transición digital e innovación a cambio de seguir enlazando.
El caso de Bélgica es más complejo. Tras prohibir la difusión de contenidos y fotografías de algunos diarios belgas y tras seis años de conflicto, editores y Google llegaron a un acuerdo. El motor de búsquedas no pagará por enlazar, pero se compromete a ayudar a los editores a aprovechar mejor sus servicios.
El caso español
España podría seguir uno de los modelos citados y llegar a un acuerdo que equilibre las peticiones de la Asociación de Editores y los reclamos de Google. La norma, que aún debe pasar el tamiz del Parlamento, puede sufrir modificaciones.
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