La SOPA, entre el control de la piratería y el fin de Internet
La polémica norma impulsada por el congresista republicano Lamar Smith, de momento paralizada, está enfrentando a gigantes como Apple y Microsoft con las grandes redes sociales
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La SOPA no es ni más ni menos que un paso más en la cruzada iniciada hace algo menos de un año por varios congresistas y senadores norteamericanos que pretenden frenar a toda costa la publicación en Internet de contenidos contrarios a las leyes de propiedad e impedir “los intentos de robo y sobreexplotación de los derechos de los americanos”. En este sentido, la SOPA quiere tapar los resquicios para la piratería que dejaban abiertas sus predecesoras, la Protect-IP y la E-Parasites.
Pero EEUU no es el único país en el que están proliferando agresivas leyes contra la piratería que para algunos vulneran el principio de neutralidad de la Red y para otros suponen, directamente, un intento de controlar todo lo que circula en Internet y, por tanto, de censura. Reino Unido ha sido otro de los últimos países en regular los derechos de autor a través de una medida, la Digital Economy Act, que afecta a todo tipo de contenidos de orden digital, desde la radio a la televisión, pasando por los videojuegos o los reglamentos ISP.
Esta medida, aprobada por la Cámara de los Lores durante el anterior gobierno de Gordon Brown, y actualmente en proceso de revisión, impedirá consultar contenidos protegidos por derechos de autor de forma gratuita, permitiendo a operadores y jueces ordenar el cierre de los sitios que presuntamente vulneren derechos de copyright, aunque todavía no hayan sido colgados en Internet por los propietarios de dichas webs.
Un modus operandi que ha recibido duras críticas, entre otras la de la mismísima ONU, a través de un informe elaborado por el ponente especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión e información, Frank La Rue. En su opinión, tanto la Digital Economy Act como otras iniciativas similares “pisotean los derechos básicos establecidos por Naciones Unidas”, por lo que exige su revisión. Asimismo, La Rue señala que “Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la materialización de una serie de derechos humanos y la lucha contra la desigualdad, y además viene contribuyendo a acelerar el desarrollo y progreso humanos”, a lo que añade que limitar a los usuarios el intercambio de archivos no puede ser, en ningún caso, la mejor solución para defender el Copyright.
Otro de los países que ha puesto en marcha una polémica normativa al respecto ha sido Francia, que, a través de la Ley Hadopi, permite cortar la conexión a Internet durante un periodo de 6 meses a los internautas que descarguen archivos ilegales, tras recibir hasta tres avisos con sus respectivas sanciones económicas. Una medida que pone en el punto de mira a los internautas y que ha sido imitada en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda o Australia, donde se establece una vigilancia en tres fases que incluye detección de la infracción, aviso y castigo.
Tampoco podemos olvidar la polémica Ley Sinde española, recientemente aprobada, que establece el bloqueo de los sitios web que distribuyan sin autorización contenidos protegidos por derechos de autor, tanto dentro como fuera de España. Una norma muy parecida a la existente en Holanda, donde se castiga con duras penas y cierres definitivos a las páginas que ofrezcan material con Copyright, además de aplicar filtros para el bloqueo de los sitios que operen lejos de sus fronteras.
Por último, en algunos países latinoamericanos se ha optado por la persecución de los proveedores de servicio, conocidos como ISP por sus siglas en inglés (Internet Service Provider). En este sentido, la ley contra la piratería argentina considera a estos proveedores como los responsables directos de los contenidos alojados por terceros que violen los derechos de otras personas u organismos, mientras que la Ley Lleras colombiana permite que sean esos proveedores quienes bloqueen de forma preventiva los sitios web sospechosos, en tanto se resuelve si su actuación es o no ilegal. En definitiva, mientras algunos apuntan a los proveedores como principales responsables de la piratería, otros prefieren cargar contra las páginas web y los hay que incluso señalan directamente a los internautas.
