La seguridad TIC reclama más compromiso político
Especial desde La Granja
Bajo el título “Escenarios de infraestructuras críticas”, los participantes en la mesa de debate que ha tenido lugar en el cierre de la segunda jornada del curso organizado por AMETIC y la UPM, han reflexionado sobre el estado de la seguridad en esta materia y han reclamado a las instituciones más atención a la seguridad de las infraestructuras críticas.
Atendiendo al presupuesto y a los esfuerzos destinados a la protección de infraestructuras críticas, la situación de España es deficiente. “Estamos en desventaja comparando con otros países”, ha alertado Juan Antonio Gómez Bule, presidente del Consejo Asesor de S21sec.
La globalización genera más vulnerabilidad y riesgo para los que además, resulta muy difícil una predicción. Se ha democratizado la red también para quienes la utilizan con objetivos fraudulentos, que crecen exponencialmente.
Para hacer frente a esto son necesarias la coordinación y la responsabilidad de la sociedad civil, las fuerzas de seguridad del Estado y las instituciones. “La seguridad no es un elemento exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado, es una responsabilidad de la sociedad”, ha dicho Gómez Bule.
A pesar de que la recientemente aprobada Ley de Protección de Infraestructuras Críticas obliga a las empresas a desarrollar planes de seguridad, las necesidades de estas infraestructuras y su adecuada protección apuntan a una necesaria unificación de responsabilidades políticas, un conocimiento y gestión convergente de medios de seguridad comunes y por supuesto la obligación de dar una respuesta a las exigencias legales que se plantean.
Este no ha sido el único tirón de orejas que se ha dado a la Administración. La situación de las pymes, por ejemplo, es uno de los temas a los que hay que atender de forma muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que representan el grueso económico del país.
Los ataques a los que se exponen las pequeñas y medianas empresas merman su capacidad de sar el salto a la red. Un asistente del público ha reclamado al Estado la formación necesaria para comprender este nuevo e incipiente entorno y hacer frente a los problemas que plantea.
La búsqueda de un marco regulador específico es un tema “que no interesa a los partidos políticos” pero que tarde o temprano deberán gestionar. “La sociedad obligará a los políticos a tomar medidas en torno a la seguridad”, se ha advertido Olof Sandtrom, de ARSYS.
En el caso del Esquema Nacional de Seguridad, que tiene como objeto el establecimiento de la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y en el que se enumeran unos requisitos mínimos para una protección adecuada de la información a partir de 2012, los ponentes han coincidido en la importancia de la iniciativa. Sin embargo, han lamentado que las prioridades económicas han relegado a un segundo plano la misma.
