La seguridad colectiva frente a los intereses de las grandes tecnológicas
Crece la preocupación del gobierno de EEUU frente a la negativa de las empresas de Silicon Valley a evitar una nueva ola de ataques terroristas en la red cooperando con registros de usuario.
El presidente de EEUU Barack Obama viajó a Silicon Valley la semana pasada para convencer a los CEO de las empresas de alta tecnología de ayudar al gobierno a frenar el terrorismo en la red.
Sin embargo, los responsables de gigantes como Facebook, Google o Apple no están por la labor, tal y como recoge The Atlantic.
El auge del terrorismo a través de Internet está llevando a los gobiernos de Occidente a desarrollar leyes que permitan el seguimiento de las comunicaciones telefónicas y online de los usuarios, a lo que las tecnológicas y las empresas de telecomunicaciones se oponen rotundamente.
Tras las consecuencias derivadas a nivel mundial de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de EEUU para las corporaciones involucradas (entre otras, la consideración de países como Brasil y Alemania de crear sus propias versiones de Internet), las empresas temen que los usuarios dejen de usar sus servicios, incluso en EEUU, si sienten que su privacidad está comprometida.
Por ello, para asegurar la privacidad de los clientes las tecnológicas han decidido usar métodos de cifrado de alta potencia a los que la policía y los organismos de seguridad nacionales no podrán acceder. Algunos están diseñados de tal modo que ni las propias empresas podrán descifrar los mensajes.
Por lo tanto, incluso si un tribunal dictamina que existen razones de peso para buscar los registros online de una persona considerada sospechosa de terrorismo, las empresas no tendrán capacidad de aportar datos encriptados.
Las compañías telefónicas tampoco están dispuestas a llevar un registro telefónico, una de las medidas de reforma sugeridas para cambiar el funcionamiento de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA).
El gobierno ha apuntado que Silicon Valley no debe anteponer sus objetivos de lucro frente al interés público y la necesidad urgente de evitar una nueva expansión de ataques terroristas.
