La regulación de la propiedad intelectual en Internet se tramitará fuera de la LISI
Las medidas de impulso englobadas en esta normativa van a potenciar el uso de Internet en la relación de los ciudadanos con la Administración. y con las empresas.
El Gobierno presentará un borrador de ley sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet en la próxima reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Catsi) que ha convocado para el próximo día 26, según informan fuentes de la patronal de telecomunicaciones ASTEL.
La polémica suscitada sobre la inclusión de un artículo nuevo en el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) hizo que finalmente se aprobara el proyecto sin dicho artículo, cuyo contenido se tramitará en forma de ley.
Las fuentes de ASTEL también subrayan su satisfacción por el hecho de que se tramite como ley aparte y que para ello sea escuchado todo el sector. A pesar de defender los derechos de la propiedad intelectual, señalan que no están de acuerdo en el papel de control de los contenidos por parte de los proveedores de Internet. No obstante, puntualizan que todavía no conocen el contenido del borrador, por lo que no pueden opinar sobre él.
Las medidas de impulso de la Sociedad de la Información englobadas en la LISI, que el Gobierno enviará ahora a las Cortes, tienen como objetivo potenciar el uso cotidiano de Internet en la relación de los ciudadanos con la Administración y con las empresas. La norma pretende reforzar la seguridad de la Red y fijará también la regulación para las restricciones o el bloqueo de determinados servicios de la Sociedad de la Información.
La última polémica llegó con la noticia de la posible inclusión en la reforma de la LISI de un artículo, el 17 bis (PDF 64 KB), que dejaba en manos de las sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, la capacidad de solicitar a los prestadores de servicios de Internet la retirada o el bloqueo de contenidos en la Red que ellas mismas consideraran “ilícitos”. Por su parte, dichos prestadores estaban obligados a obedecer en el caso de no recibir respuesta de los presuntos infractores.
El propio Consejo de Estado criticó la manera de cómo se había introducido esta modificación, de forma “tardía” y sin haber consultado con el consejo asesor técnico para la Sociedad de la Información (Catsi), y provocó las protestas tanto por parte de los usuarios como de las operadoras. Estas últimas se declararon contrarias a ejercer de “policías” en la Red.
