La reforma de protección de datos aprobada en la UE la semana pasada, que introducirá un código normativo único, multas de hasta un 4% de la facturación global de las empresas infractoras y supuestamente un sistema de aplicación más sencillo, puede resultar más compleja de lo que parece para las empresas.
Los críticos de la nueva ley se preguntan si los reguladores podrán hacer frente a una mayor carga de trabajo y si realmente se eliminará el solapamiento normativo en los 28 estados miembros.
“El mecanismo previsto en la normativa establece un hiperprocedimiento burocrático que dará lugar a una mayor complejidad y procesos más largos para la aplicación de la ley”, ha afirmado Johannes Caspar, director de la autoridad de protección de datos de Hamburgo (Alemania), tal y como recoge Reuters.
Bajo la nueva ley, que entrará en vigor dentro de dos años, las empresas que operan en toda la UE solo deberán tener que lidiar con el regulador en el país donde tienen su sede europea.
Sin embargo, los estados miembros -deseosos de proteger el poder de sus reguladores nacionales para investigar a las empresas- se asegurarán que los ciudadanos puedan quejarse ante su autoridad local sobre una organización situada en otro lugar.
Esto significa que cualquier autoridad interesada tendrá el poder de oponerse a la decisión tomada por la autoridad de peso, es decir, aquella donde la compañía tiene su sede europea.
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