La noticia sorprende y, aunque el proyecto todavía se encuentra en estadio germinal, el alcance de la misma es tan vasto que ya se han comenzado a oír las primeras voces contrarias. Desde luego es una medida de difícil adopción ya que desde las operadoras, para las cuales los costes se incrementarían casi de forma insoportable, hasta las asociaciones de lucha por los derechos fundamentales, los escollos a los que se van a enfrentar los defensores de la norma van a ser numerosos.
Por otro lado, contemplando las ventajas que conllevaría esta medida, no parecen que fueran a ser de gran ayuda para nadie. El pretexto afirma que la seguridad se halla tras estas razones, sin embargo, considerar potencialmente delictivas todas las llamadas y mensajes entre usuarios es una aberración que lleva a situaciones cercanas a totalitarismos propios de la pluma de Orwell.
Un riesgo importante es el varapalo que puede suponer para la comunicación individual esta medida. Parece lógico que los usuarios dejen de utilizar el teléfono si son conscientes de que se va a hacer un almacenaje.
La falta de datos sobre las condiciones en que este almacenamiento se dará, no nos permiten más que especular, por lo que parece un globo sonda, destinado a tantear el ánimo de los implicados en dicha situación.
Sin las medidas de protección necesarias, un almacén puede convertirse en el eslabón más débil…
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