La Business Software Alliance (BSA) inició durante el año pasado un
total de 613 acciones legales contra empresas españolas que
presuntamente atentan contra la propiedad intelectual del software,
según informa la organización protectora de los derechos de autor del
software y la ciber-seguridad. De estas demandas, 434 se interpusieron
por la presunta utilización de los programas de origen ilegal y el resto
por copiar las aplicaciones ilegalmente del canal de distribución.
La BSA llevó a cabo, además, diferentes campañas de concienciación,
información y regularización en el uso del software ilegal. Entre ellas,
figura la iniciativa realizada junto con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para la concienciación ciudadana de los perjuicios de la
piratería informática y una serie de encuentros con organismos del
Gobierno en los que se presentaron medidas para reducir el índice de
este delito.
En España, según el último estudio global sobre
piratería del software, el índice se sitúa en el 47 por ciento, dos
puntos menos con respecto al año anterior, pero aún así, es el segundo
país de Europa Occidental en delitos informáticos. En esta línea, el
ordenamiento jurídico español tipifica la piratería informática dentro
del ámbito penal como delitos de la propiedad intelectual del software.
Las penas previstas son de hasta cuatro años de privación de libertad,
cinco de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multas de
hasta 216.000 euros.
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