El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley para modifical la Ley de Telecomunicaciones, un sector que, según fuentes oficiales, supuso el 3,5% del PIB español en 2009 con una facturación de 37.125 millones de euros.
Por ello, el gobierno español quiere ayudar a mejorar la inversión que hace dos años superó los 4.000 millones de euros, con esta reforma de la ley que contempla, entre otros asuntos, una mayor seguridad jurídica para las empresas.
Con esta normativa el gobierno ha intentado crear un marco que promueva la inversión en la creación de redes de nueva generación. Así, de acuerdo a esta reforma de la Ley de Telecomunicaciones, las nuevas redes, tanto fijas como móviles, permitirán ofrecer a los ciudadanos una velocidad de acceso a Internet superior a los 100 Mbits por segundo.
Para la prestación del servicio universal, el operador que se encargue deberá ser mediante licitación, un mecanismo que hasta ahora sólo se utilizaba cuando había varios interesados que lo hubieran comunicado previamente en el proceso de consulta.
Por su parte, el nuevo reglamento también ha pensado en los usuarios. Entre otros asuntos, la portabilidad cuando se trate de continuar con el mismo número telefónico, deberá realizarse en un plazo de 24 horas laborables y todas las operadores, no sólo la designada para el servicio universal, como en la normativa anterior, deberán mejorar su oferta para que el acceso a sus servicios por parte de los ciudadanos con discapacidad sea la misma que para el resto de ciudadanos.
Para mejorar la privacidad del usuario, la nueva ley pide que se dé más información a los ciudadanos sobre las cookies que las empresas almacenan en sus ordenadores. Además los usuarios tiene derecho a recibir más datos sobre las características y condiciones de los servicios y sobre la calidad con que se prestan.
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