A pesar del descontento palpable por parte de creadores y de internautas, la llamada “Ley Sinde” ha conseguido su objetivo: salvarse en el Senado a pesar del rechazo en el Congreso de los Diputados. La negociación contrarreloj se llevó a cabo entre PSOE, PP y CiU, que finalmente se adhirió a la propuesta.
A cambio de su apoyo, el PP exige al PSOE la revisión del canon digital, tal y como habían solicitado en la primera negociación. Según informa el diario El País, se ha introducido una cláusula en la que se reconoce que “el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada”.
En líneas generales, la nueva redacción del texto introduce mayores garantías judiciales en lo tocante al cierre de páginas web. Según la nueva normativa, serán las autoridades judiciales las que supervisen el proceso desde un principio, un proceso que podría durar como mínimo 17 días. Las pretendidas competencias que se intentaban atribuir a un comité designado por el Ministerio de Cultura, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependerán en todo momento de la aprobación judicial. A pesar del accidentado viaje de la Ley Sinde rumbo a su aprobación, ni creadores ni internautas parecen estar satisfechos con el resultado. Según Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, “lo mejor hubiera sido empezar de cero. Es una ley que desde sus inicios ha sido muy impopular”.
Para proceder al cierre de webs será necesaria la intervención del juez cuando la comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia. El requerimiento de datos como quién es el responsable del dominio o cuántos usuarios tiene tendrá que ser aprobado por las autoridades judiciales.
El próximo paso de la enmienda conjunta será la Comisión de Economía del Senado, y desde allí pasará al Pleno. Luego, junto con el resto de la LES, volverá al Congreso de los Diputados, la última estación de la polémica “ley Sinde”.
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