El Ministerio Fiscal cree conveniente preguntar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea hasta dónde llega la responsabilidad de los prestadores de un servicio de la Sociedad de la Información por las expresiones o informaciones publicadas en un espacio de Internet facilitado por ellos.
Así se indica en un escrito del Ministerio Fiscal en respuesta al recurso que interpuso la Asociación de Internautas por la condena de la que fue objeto por la campaña “www.putasgae.org”.
La AI fue condenada en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia que posteriormente confirmó la Audiencia Provincial, ya que se consideró probado que su web estaba alojada en su dominio de Internet (“www.internautas.org”) y constituía “una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor”.
Ahora, y ante el recurso presentado por este colectivo en el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal considera conveniente que se plantee al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea una pregunta para resolver este caso y otros futuros, en relación a la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de la Sociedad de la Información.
La pregunta es la siguiente: “¿Cuál es el ámbito y alcance de la responsabilidad de los prestadores de un servicio de la Sociedad de la Información por las informaciones o expresiones publicadas en un espacio facilitado por ellos, en las que no ha tenido intervención en su confección, no ha sido encargo de ellos, ni han modificado?”. En el escrito, el Ministerio Fiscal advierte de que imponer obligaciones a los prestadores de servicios en relación a la modificación y vertido de contenidos en la Red sería “fundamentar una censura previa proscrita por las Directivas, aparte de que eliminaría las empresas de intermediación por el riesgo que conllevaría su actividad”.
La Asociación de Internautas considera que, si finalmente prospera esta cuestión, “estamos ante un momento histórico en la lucha por la libertad de expresión en Internet”.
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