La Eurocámara quiere que los países de la UE cooperen para resolver los problemas sociales causados por los juegos de azar online, como la adicción o el uso fraudulento de datos personales y tarjetas de crédito.
El Parlamento ha aprobado un texto con medidas destinadas a proteger a los consumidores, instando a los países miembros a regular este mercado de forma común. El documento propone el establecimiento de una cantidad máxima al mes que podrá destinar cada persona a las apuestas online, además de obligar a los operadores de apuestas a que impongan el uso de tarjetas prepago que se podrían vender en tiendas. También han señalado la necesidad de fijar controles de edad más eficaces para impedir que los jugadores menores de edad puedan participar y se pide a los Veintisiete que distribuyan los fondos adecuados para la investigación, la prevención y el tratamiento de problemas derivados de estos juegos.
La ponente del informe, la socialista danesa Christel Schaldemose, considera igualmente que los beneficios obtenidos por los juegos de azar “deberían utilizarse en beneficio de la sociedad, incluidos fondos de renovación para la educación, la salud, el deporte profesional y de aficionados y la cultura”.
El mercado de los juegos de azar ha crecido de forma significativa durante los últimos años, generando unos ingresos brutos de 51.500 millones de euros en 2003, según los datos de la UE. Actualmente los marcos normativos para los mercados de los juegos de azar en la Unión Europea son muy heterogéneos, y se trata de una práctica que no está permitida en todos los Estados. Sólo 20 países permiten el juego de azar online, de los cuales 13 países tienen un mercado liberalizado, seis tienen monopolios estatales y un estado miembro ha autorizado un monopolio privado. Tras las quejas de otros países miembros contra los Estados que explotan este mercado de forma monopolística, la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción para verificar si las medidas nacionales que limitan la prestación transfronteriza de apuestas online son compatibles con el Derecho comunitario.
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