El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha adelantado que la futura Ley de la Administración Electrónica, preparada para finales de año, recogerá, entre otros aspectos, “el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma telemática”, servicio que dejará de ser una “potestad” de las distintas administraciones, para pasar a ser una “obligación”.
Así lo afirmó al término de su reunión con el Consejo Asesor de Administración Electrónica (CAAE), donde explicó que la intención del Ejecutivo es “reformar las relaciones de poder entre~~la Administración y el ciudadano”, de forma que “no mande el funcionario” del “vuelva usted mañana”. En este sentido, señaló que su Ministerio trabaja con todas las administraciones y con el sector privado para hacer de la Ley “un texto ambicioso pero posible”.
Las dos líneas de conversaciones combinan acuerdos para favorecer la operatividad y compatibilidad de los servicios por Internet de ayuntamientos, comunidades autónomas, y el Estado, y, por otro lado, hacer que el texto “aproveche las posibilidades” de las nuevas tecnologías y no sea “una mera traslación a Internet de lo que ya se hace”. Para ello, Sevilla apuntó que se revisarán los procedimientos que se requieren para los trámites con la administración, para intentar eliminar o sustituir los que no se puedan hacer de forma electrónica.
La intención del Gobierno es, según Sevilla, “seguir subiendo peldaños en la adaptación a las nuevas tecnologías” y aprovechar el impulso de programas como el “Ingenio 2010”, mediante la aprobación de un texto que incluya las sugerencias del sector privado y las asociaciones. “La Ley que vamos a poner en marcha tiene que ser consensuada con el sector privado. Queremos que sea un texto ambicioso y técnicamente posible, lo que exige el compromiso también del sector”, señaló, y puso como ejemplo el trámite para realizar la declaración de la Renta, “un proceso complejo que ya hacen por Internet el 80 por ciento de los ciudadanos”.
Durante la reunión, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, planteó las demandas de su asociación, entre ellas, que se permita resolver trámites por medio del teléfono móvil, ya que Internet “lo utiliza un 40 por ciento de los españoles, mientras que el teléfono móvil lo posee el 97 por ciento”. “No hay que exigir al ciudadano que se adapte a la Administración, sino que la Administración se adapte al ciudadano”, subrayó.
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