El año 2022 expira el plazo establecido para que las llamadas de telefonía móvil y la conexión móvil de datos no tengan cargos adicionales por itinerancia (roaming) para los ciudadanos comunitarios desde cualquier país de la UE que no sea donde tienen su residencia. Pero la medida podría prorrogarse durante otros diez años si se responde favorablemente a la petición efectuada hoy desde Bruselas por el ejecutivo comunitario al Parlamento.
Con la única limitación de que los usuarios observen unas políticas de uso razonable, desde junio de 2017 desaparecieron los cargos por uso del móvil en itinerancia que encarecían (y dieron más de una sorpresa) las llamadas y conexiones a Internet efectuadas desde fuera del país de residencia.
Este periodo inicial de cinco años ha supuesto una exitosa prueba, especialmente por las dudas entre los operadores de telefonía móvil de si serían capaces de detectar esos usos excesivos en el extranjero.
Ahora, y ante el positivo resultado de estos primeros cinco años de “libertad itineraria móvil comunitaria”, desde Bruselas buscan ampliar la mejora de los servicios para el ciudadano con la garantía por parte de la operadoras de que se ofrecerá a los usuarios extranjeros la misma calidad en las conexiones de voz y de datos que la disponible para los usuarios residentes en el mismo país.
Una no discriminación que respondería a las quejas de más de un tercio de los usuarios de telefonía móvil en itinerancia que aseguran haber soportado conexiones a Internet ralentizadas en el extranjero.
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