La Comisión Europea acusa a Apple de abuso de posición de dominio con los pagos inalámbricos
Bruselas acusa a Apple de abuso de posición de dominio por los pagos inalámbricos con Apple Pay.
La Comisión Europea ha comunicado a Apple la acusación formal por un supuesto abuso de posición dominante que habría llevado a cabo la empresa de California en relación con el uso de la tecnología inalámbrica NFC con la que se llevan a cabo los pagos sin contacto.
Desde la UE se apunta a que esas limitaciones impedirían la libre competencia a otros servicios de pagos que no sean el propio Apple Pay. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado al anunciar la medida que el Ejecutivo comunitario está preocupado por la posible restricción ilegal a la competencia en que habría incurrido Apple.
La investigación preliminar sobre este asunto se inició en junio del año 2020 en relación con el sistema de pago inalámbrico “Tap to Pay” desarrollado por Apple para que los usuarios de iPhone puedan utilizar dicho smartphone como terminal de pago, de forma que los clientes pueden efectuar sus pagos simplemente acercando sus propios iPhones al del comercio con este sistema operativo.
Pagos en ecosistema cerrado
Desde Apple se defiende la restricción que impide usar “Tap to Pay” desde otros dispositivos alegando protección en la seguridad de los datos de los usuarios de iPhone, pero la Comisión Europea, tras una investigación inicial, no he encontrado indicios de que exista dicho riesgo, por lo que se abogaría por una apertura de esta plataforma y servicio de pago a terminales de otras marcas y sistemas operativos.
Según Vestager, se estaría acusando a Apple de haber establecido un “ecosistema cerrado” que excluiría a dispositivos que no operan con el sistema iOS, lo que evita que otros puedan actuar en libre competencia, lo que al mismo tiempo restringe la capacidad de libre elección por parte del consumidor.
Ahora Apple dispondrá de acceso a la documentación con la que la Comisión Europea ha llevado a cabo su investigación, pudiendo contestar por escrito a las acusaciones, no existiendo un calendario cerrado para la resolución del asunto.
