La ciberseguridad, un asunto de Estado

Con el objetivo de analizar las amenazas a la seguridad en España, el Gobierno se ha fijado la identificación de líneas de respuesta y de mecanismos de coordinación como objetivos centrales de la primera Estrategia Española de Seguridad (EES), que se plantea con un horizonte útil de una década.

Dentro del plan integral de seguridad, la Administración dedica un capítulo especial a la ciberseguridad, considerándola como un eje fundamental de nuestra sociedad y sistema económico. Los ciberataques son una amenaza en crecimiento que puede poner en dificultades infraestructuras críticas cuya pérdida de disponibilidad puede suponer, como señala el informe, serios daños a un país.

Mejorar la seguridad en el “ciberespacio” pasa por fortalecer la legislación sin poner en riesgo la privacidad, y fomentar la colaboración entre el sector público y privado. Así, España ha fortalecido la seguridad de las infraestructuras y los servicios electrónicos de las Administraciones Públicas, dotándolas de una red de comunicaciones entre sí y con las instituciones europeas.

La respuesta del Estado ante las “ciberamenazas” pasa por privilegiar la labor del Centro Criptográfico Nacional (CCN), las Fuerzas Armadas y el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas. Para afianzar la seguridad nacional en internet y en las redes de información es necesario crear más medios y coordinarlos mejor, invirtiendo más en TIC y en formación de personal especializado.

A nivel internacional, el plan recomienda igualmente impulsar la cooperación para el control de las “ciberarmas”, tal y como ocurre con las nucleares. Al mismo tiempo, las alianzas europeas en la lucha contra ciberamenazas y la homogeneidad de las penas son claves para establecer un marco legislativo común y específico.