La AUI presiona al Gobierno sobre el spam
La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) pidió hoy al Gobierno que busque soluciones al spam, que suponen ya más de la mitad del tráfico mundial.
El presidente de la AUI, Miguel Pérez Subías, trasladó al Gobierno esta propuesta con ocasión de la reunión hoy en Madrid del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI), órgano asesor del Ejecutivo que no se reunía desde julio de 2001.
A la reunión, que estuvo presidida por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, asistieron, entre otros, representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, asociaciones sectoriales, usuarios de Internet, colegios oficiales y la entidad pública empresarial.
Pérez Subías valoró, en declaraciones a Europa Press, “positivamente” la nueva normativa sobre dominios de Internet y propuso que el CATSI se reúna “al menos una vez al trimestre” para estudiar, entre otros temas, medidas contra el spam, para impulsar el uso del móvil en la Sociedad de la Información, así como el tratamiento de los intercambios de archivos entre particulares a través de redes P2P.
La AUI apuntó que la nueva normativa establece para los dominios que se registren en España bajo el .es el mismo régimen de funcionamiento y de precios que para los genéricos en los que el nombre se le da al primero que lo solicita sin exigir ningún documento previo. En paralelo se establece un procedimiento de arbitraje para la resolución rápida y eficaz de los posibles conflictos que se puedan generar.
Sobre el documento presentado, la AUI pidió la eliminación de restricciones, que contempla la propuesta actual, a la libre transmisión de los dominios y que el organismo de arbitraje que se elija para resolver los conflictos esté ubicado en España, con el fin de agilizar y simplificar los procesos.
La AUI también señaló que el intercambio de archivos en la Red es el “principal motor de la banda ancha”, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que “los cambios legislativos apunten hacia un cambio que pretende ilegalizar a los millones de usuarios que intercambian archivos”.
Asimismo, Pérez Subías planteó que en todos los procedimientos administrativos se le pida al ciudadano en los datos de contacto, además de la dirección postal, el móvil, el e-mail y, finalmente, el teléfono fijo. A su juicio, “en estos momentos es el elemento de mayor fidelidad y confianza para el usuario y además permite interactuar con él de forma electrónica”.
Por último, con respecto a las políticas para incorporar nuevos usuarios, la AUI sugirió que se prioricen aquellas iniciativas que permitan utilizar los dispositivos o instalaciones que ya están usando los no conectados, como cajeros automáticos y el desarrollo de sistemas de información basados en el teléfono móvil.
