Tras el capotazo de la Oficina de Conflicto de Intereses (un órgano al servicio de la Presidencia del Gobierno), la denuncia de la Asociación de Internautas finaliza la vía administrativa y llega a la Judicial tras ser admitida a trámite por la Audiencia Nacional.
La denuncia contra la Ministra nace en junio de 2009, al entender la Asociación de Internautas que existía una situación de conflicto de intereses privado con el cargo, “y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica, por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud”, explican desde la A.I.
La demanda alude al Acuerdo por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que fue publicado para su general conocimiento por Orden Ministerial de 7 de marzo de 2005 por este mismo presidente.
Según este Código de Buen Gobierno: los Ministros y demás Altos Cargos, actuarán, en el desempeño de sus funciones….con arreglo a los siguientes principios éticos y de conducta… “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad,… transparencia,… honradez”, … recalca que la finalidad es “la prevención de las situaciones de conflicto de intereses”…
Obviamente, la A.I cree que esixte una situación de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la Ministra, y por lo tanto tiene la obligación de inhibirse. Sus lazos con la SGAE y con la parte de la industria que propugna mano dura contra los internautas, promotor del arbitrario canon digital, de la criminalización de internautas, o de la normativa para el cierre de web y la suspención del servicio de Internet, no hacen posible la imparcialidad de la Ministra de Cultura.
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Asociación de Internautas
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